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LA LEY DE LA SEGUNDA OPORTUNIDAD PASO A PASO. APLICACIÓN A PERSONAS Y EMPRESAS EN TIEMPOS DEL COVID

Actualizado: may 6

Esta ley permite que un particular o un autónomo en una situación económica extrema puedan responder con su patrimonio y finalmente verse liberado de la totalidad de su deuda, de modo que pueda empezar de cero.


Actualmente la fórmula de suspensión de pagos puede ser una alternativa para aquellas personas físicas y autónomas en una situación precaria, que se ven asfixiados económicamente sin poder hacer frente a sus deudas.Con el inicio del procedimiento en el momento del acuerdo extrajudicial de pagos se imposibilitan ejecuciones de los acreedores y se paralizan embargos


.1. ¿Quién puede solicitarlo?


Aquella persona natural que se encuentre en situación de insolvencia o que prevea que no podrá cumplir regularmente con sus obligaciones, siempre que la estimación inicial del pasivo no supere los cinco millones de euros.


2. ¿Cómo puedo solicitar un mediador?


Previamente es necesario solicitar el nombramiento de un mediador concursal para intentar un acuerdo extrajudicial con los acreedores. En el caso de que los deudores sean empresarios o entidades inscribibles, se solicitará la designación del mediador al Registrador Mercantil correspondiente al domicilio del deudor. En los demás casos, se solicitará la designación al notario del domicilio del deudor.En el caso de personas jurídicas o de persona natural empresario, la solicitud también podrá dirigirse a las Cámaras Oficiales de Comercio, que hayan asumido funciones de mediación.


3. ¿Cuáles son las fases del proceso?


3.1 Acuerdo Extrajudicial de pagos .

Digamos que el acuerdo extrajudicial es una herramienta previa al concurso para intentar llegar a un acuerdo de pagos, entre el deudor y todos sus acreedores. La duración de estos acuerdos no puede ser superior a 10 años. En todo caso destacar que en esta fase de acuerdo extrajudicial de pagos las facultades patrimoniales del deudor no se ven afectadas. Si en esta fase no se alcanza un acuerdo o el nombramiento de un mediador pasamos al siguiente punto.


3.2 Concurso consecutivo.

Si no se ha logrado un acuerdo extrajudicial de pagos, se presenta ante el Juzgado el concurso consecutivo y posteriormente se designará un administrador concursal y se tramita el concurso.Tras la su finalización y una vez liquidado el patrimonio del deudor, se solicita el beneficio de exoneración del pasivo ante el mismo Juez que ha tramitado el concurso.


3.3 Beneficio de exoneración de pasivo insatisfecho.

Para obtener este beneficio y poder quedar liberado de la deuda, el deudor de buena fe, siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos:


  1. Que el concurso no sea declarado culpable.

  2. Que no haya sido condenado en los 10 años anteriores por delitos contra el patrimonio, orden socio-económico, de falsedad documental, contra la hacienda y la seguridad social, contar los trabajadores

  3. Que se hayan intentado un Acuerdo Extrajudicial de pagos.


[Características concretas de la exoneración]

En el caso de no haber intentado un acuerdo extrajudicial de pagos, ha de satisfacer el 25% del pasivo. Por un lado existe el beneficio directo o automático, que es cuando el deudor puede satisfacer todos los créditos contra la masa y privilegiados. Y otra posibilidad, de hecho la más habitual, para el caso de que el deudor no puede pagar, sería el Beneficio de exoneración del pasivo provisional, en cuyo caso el deudor debe comprometerse a un plan de pagos en un plazo de 5 años desde la conclusión del concurso cumpliendo determinadas condiciones. Eso sí ello no supone un pago íntegro sino que se deberá examinar cada caso analizando las circunstancias del deudor para ajustar el plan de pagos a su situación y

LEY DE SEGUNDA OPORTUNIDAD

capacidad económica real. En caso de aprobarse el plan de pagos se exonera al deudor provisionalmente de los créditos ordinarios y subordinados (excepción de derecho público y alimentos). La Exoneración podrá devenir definitiva, quedando liberado de la deuda transcurridos cinco años. Advertir que el beneficio de exoneración de pasivo puede revocarse en un plazo de cinco años, si por ejemplo se descubre que hay ingresos o bienes ocultos, o incumple el plan de pagos, o deviene a mejor situación económica como pudiera ser una herencia.


4. Otras consideraciones a tener en cuenta.


Queremos destacar por su importancia y que puede resultar de gran interés para determinados deudores, que raíz de una Sentencia del Tribunal Supremo se abre la vía para no tener que satisfacer en su totalidad los créditos de derecho público, como serían por ejemplo sanciones, recargos, deudas de la AEAT.


Por otro lado y en lo relativo a la liquidación del patrimonio en el proceso no se deberán liquidar los bienes inembargables o que carezcan de valor de mercado, a modo de ejemplo, una lavadora, un ordenador.


Además y en cuanto a la vivienda habitual con préstamo hipotecario hay numerosa jurisprudencia de la Audiencia Provincial de Barcelona que establece que será posible que el deudor mantenga la propiedad siempre que el préstamo hipotecario sea superior al de la vivienda, de modo que no se obtendría ningún beneficio en su realización.


Conviene también a la hora de analizar la situación del deudor los créditos existentes ya que la extinción de la deuda principal no excluye la posibilidad de dirigirse contra fiadores y avalista.



A raíz del RD 16/2020 de medidas procesales y organizativas para la recuperación judicial tras el COVID 19 publicado el 29 de Abril, y no será obligatorio presentar el concurso y por ende acuerdo extrajudicial de pagos en el plazo de dos meses que era el legalmente establecido, sino que se va a establecer un plazo hasta el 31 de Diciembre de 2020, evitando así que el concurso sea calificado de culpable o posibles responsabilidades en que se pudiera incurrir. Además se dará prioridad al concurso voluntario frente al necesario.


Precisamente por ello, y teniendo en cuenta la situación económica actual generada por el Covid 19, será de vital importancia analizar la situación económica de cada deudor, identificando debidamente su situación y los créditos existentes para diseñar la estrategia más adecuada a sus necesidades e iniciar el procedimiento en el momento más adecuado.

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